Se dice que en México las costumbres se hacen leyes. Uno de los mejores ejemplos es el carnaval o las fiestas patronales: puede haber cohetones al por mayor, cerrar calles para bailar o conectarse a la red eléctrica pública en verdaderas marañas que además representan riesgos. Pero todo sea por cumplir con la manda.
Para nadie es un secreto que en los municipios, sobre todo los de mayor población, autoridades y grupos de comerciantes, transportistas u otros empresarios acuerdan cierto tipo de cuotas para poder explotar el rubro en el que se encuentran y, claro, una parte de ese ingreso no oficial es ocupado en la mejora de las condiciones para que ambas partes sigan operando con normalidad.
En el tema de transporte en Santa Ana y en específico con Taxi Tlax, desde hace varias administraciones ha habido un acuerdo entre la comuna y los permisionarios para dar una cuota consensuada que sirve para autorizar ciertos paraderos y la ruta por donde pasar, mientras que la administración en turno en teoría usa ese dinero para, digamos, financiar algunos servicios públicos básicos.
Según fuentes de la propia SECTE, ese convenio se ha mantenido por una cuota razonable, pero que como siempre sucede, dentro de la misma empresa alguien más se ve beneficiado, incluso por encima de los propios socios o choferes a costa de su aportación.
Lo que se presume pudo haber pasado en el caso de la presunta extorsión del Ayuntamiento sarapero es, por un lado, la cuota por años sobrellevada y los beneficios a la empresa hubieron de modificarse en la presente administración municipal, y por otro, alguien dentro de la empresa fue desplazado y ya no vio los beneficios, lo que desató inconformidades y la mediatización del caso.
En redes sociales cunde un video de algunos segundos en el que la propia representante legal de Taxi Tlax, María de los Ángeles Medina García, reconoce que la empresa desde gestiones municipales anteriores ha cooperado y apoyado “con gusto”, de tal manera que el asunto de la extorsión se vendría abajo y, más bien, hay una discrepancia en la cuota.
Recordar que Chiautempan no cuenta con una Ley de tránsito municipal y en consecuencia carece de la facultad de imponer multas a automovilistas, así que el pactar algo con los transportistas de las diferentes líneas a cambio de no ser molestados pese a la anarquía que a diario generan, no resulta un mal negocio.
Pero mientras la controversia sigue su curso legal y no legal, se tiene previsto que este lunes se reúnan el alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, con el titular de la SECTE, Noé Rodríguez Roldán, para tratar de encontrar la forma en destrabar el asunto y que no siga siendo una piedra en el zapato de la administración municipal, pero también, que no provoque una crisis de inconformidades en el transporte.
Ya veremos…
