Gerardo Santillán
Menos de la mitad – 47 por ciento – del estado de fuerza de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJT), conformada por 883 efectivos, se encuentra con estatus aprobado de sus evaluaciones de control y confianza, por lo que corresponde a la propia institución solicitar al C3 calendarizar a sus elementos para la aplicación de los exámenes que pagan la Federación y el Estado..
Así lo reveló la titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Columba Ibeth Sánchez García, quien agregó que otro 28 por ciento del personal de la FGJT no ha sido evaluado y el resto podría estar con vigencia de acreditación al límite o de nuevo ingreso que deberá ser sometido a las pruebas correspondientes.
Durante los Diálogos Circulares de este miércoles, la servidora pública precisó que el C3 no puede, por derecho propio, obligar a las instituciones o dependencias a someter a evaluación a su personal, sino que deben ser estas las que directamente hagan las solicitudes dentro del ejercicio correspondiente.
Por cuanto hace a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con un estado de fuerza de 2 mil 361 uniformados y al corte del mes de abril, el 77 por ciento se encuentra aprobado, mientras que en las policías municipales con 2 mil 154 efectivos, el 80 por ciento está aprobado.
En cuanto a directores de Seguridad Pública Municipales y con corte al día de hoy, 33 de 60 directores están aprobados; sin embargo, precisó que 11 están evaluados para otro cargo o en proceso de valuación, cinco no aprobados, siete no evaluados y cuatro no tienen comisario que son los casos de Nanacamilpa, Muñoz, Terrenate y Xaloztoc.
Sánchez García explicó que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se encuentra acreditado por el Centro Nacional de Evaluación en apego a las normas del Modelo Nacional de Evaluación que, entre otras cosas, realiza certificaciones policiales individuales en materia médica, toxicológica, psicológica, investigación socioeconómica y poligráfica.
Mientras que la certificación institucional de los municipios implica contar con al menos un policía por cada mil habitantes y el 100 por ciento de su personal esté en el Registro Nacional, entre otros aspectos.
