Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició un expediente de queja, por el caso de linchamiento a una persona que, posterior a recibir golpes en el municipio de Santa Cruz Quilehtla, perdió la vida en un hospital público.
Este organismo autónomo enfatiza que en este tipo de hechos existen múltiples dimensiones de victimización, por lo que es indispensable garantizar: atención integral a la persona que perdió la vida y a sus familiares, incluyendo acompañamiento jurídico, psicológico y acceso a la reparación integral del daño.
Así como atención a la o las posibles víctimas del hecho presuntamente delictivo que originó la reacción colectiva, garantizando su derecho de acceso a la justicia por las vías institucionales, sin revictimización.
Desde el primer momento, este organismo inició un expediente de queja e instruyó a la Defensoría II, con sede en Zacatelco, a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, con el objetivo de recabar todas las evidencias necesarias y determinar posibles violaciones a derechos humanos.
Los hechos ocurridos en Santa Cruz Quilehtla constituyen una grave violación a los derechos humanos, particularmente al derecho a la vida y a la integridad personal, los linchamientos son actos ilegales que vulneran el Estado de Derecho y generan un clima de violencia e impunidad que debe ser erradicado.
Por lo que la CEDHT hace un llamado firme a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que, en el ámbito de sus competencias: activen de manera efectiva el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento; Fortalezcan los mecanismos de respuesta inmediata a denuncias ciudadanas, evitando vacíos institucionales que generan desconfianza y propician reacciones colectivas violentas.
Asimismo, que coordinen acciones interinstitucionales entre seguridad pública, gobernación, fiscalía y atención a víctimas; implementen estrategias permanentes de prevención, que incluyan: Campañas comunitarias de concientización sobre la gravedad y consecuencias del linchamiento; programas de cultura de la legalidad y resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
La Comisión reitera que la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida y que la violencia colectiva no sólo vulnera derechos, sino que rompe la convivencia social y debilita el Estado de Derecho.
Por ello señala que confiar en las instituciones y utilizar los mecanismos legales es la vía para garantizar justicia sin poner en riesgo la vida de ninguna persona.
