Redacción
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera votó a favor de la reforma al artículo 127 constitucional que establece criterios de justicia y responsabilidad presupuestaria en los esquemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos, al considerar que permitirá garantizar un uso responsable del dinero de todas y todos los mexicanos y evitar excesos en algunos sistemas de retiro del Estado.
Rivera Rivera subrayó que una pensión digna es un derecho legítimo de las personas trabajadoras; sin embargo, señaló que también es indispensable asegurar que los recursos públicos destinados a este fin se administren bajo principios de justicia, proporcionalidad y responsabilidad presupuestaria.
“Es importante decirlo con claridad: esta reforma no elimina el derecho a una pensión ni desconoce la dignidad que debe acompañar a toda jubilación después de una vida de trabajo”, afirmó.
Explicó que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada este miércoles por unanimidad en el Senado, establece un criterio razonable: si la Constitución fija límites para las remuneraciones en el servicio público, también resulta lógico establecer parámetros para las pensiones que se pagan con recursos del Estado.
“Con ello se fortalece la coherencia de nuestro marco constitucional y se reafirma un principio fundamental de la vida pública: el dinero del pueblo debe administrarse con honestidad”, señaló.
Asimismo, Ana Lilia Rivera aclaró que la reforma no afecta los ahorros individuales para el retiro ni los sistemas construidos con las aportaciones de las y los trabajadores, y tampoco pone en riesgo los apoyos sociales que reciben millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad en el país.
Durante su intervención, Rivera Rivera enfatizó que el servicio público debe entenderse como un auténtico servicio al pueblo y no como un espacio para sostener privilegios financiados con recursos de la sociedad. En ese sentido, destacó que la reforma busca armonizar dos principios fundamentales, que son garantizar el derecho a una pensión digna y, al mismo tiempo, asegurar el manejo responsable de los recursos públicos.
