Por: Rodolfo Jiménez
La reportera Diana Zempoalteca del ‘Sol de Tlaxcala’ evidenció el 17 de septiembre de 2023 que: los “Conductores viven un calvario en corralones; prefieren abandonar sus vehículos.
La primera “caída” la sufren en la PGJE, la segunda con el pago del derecho de piso y la tercera con el presunto desvalijamiento.
El ingreso de una unidad vehicular a un corralón puede convertirse en todo un calvario para los automovilistas tlaxcaltecas, ante las altas cuotas económicas y presuntos actos de corrupción que prevalecen en instancias como la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y las corporaciones policiacas municipales y estatal.
Ya sea por participar en un accidente de tránsito, cometer una infracción que amerite corralón o ser víctima de algún robo de una motocicleta, vehículo, camioneta o cualquier unidad, sacarla de un corralón para recuperarla se ha convertido en un viacrucis que a muchos los obliga a abandonar sus unidades.
Escuchar la palabra corralón remite a un golpe a la economía, pues la carga burocrática para sacar una unidad es considerable, aunado a presuntos actos de corrupción; la permanencia en estos espacios puede ir de los seis mil, 50 mil o hasta los 100 mil pesos.
En abril de 2022 a Gonzalo N. le robaron su motocicleta, unidad que utilizaba para trasladarse y como principal herramienta para su trabajo.
Recordó que, aunque daba por perdida la unidad, a la semana de haber efectuado el reporte de robo recibió una llamada de la PGJE para informarle que su motocicleta había sido recuperada.
No obstante, el calvario vino después, pues un trámite que de acuerdo con el portal de la dependencia no se lleva más de 30 minutos, se alargó por más de un mes.
Gonzalo narró a este Diario que, al entrevistarse con la autoridad le pidieron acreditar la propiedad de su unidad, para eso presentó la factura y credencial de elector; no obstante, este procedimiento se prolongó una semana pues el agente del Ministerio Público le informó que primero tendrían que cotejar los documentos con los números de serie de la unidad.
Cuatro días después, al regresar a la dependencia, el funcionario que lo había atendido amablemente ya ni siquiera lo reconoció y lo recibió una hora después de haberse presentado, después sacó un paquete de expedientes (alrededor de 50), se los puso frente a su rostro y le mostró que el suyo era el último en la fila.
“De inmediato entendí que lo que quería era que le diera una lanita de por medio para agilizar mi caso, sin decirme una palabra lo entendía. Pero, yo no tenía por qué darle nada a este señor”, relató.
Después de un mes y días, admitió que se vio forzado a exigir que agilizaran su caso y gracias a que conocía a algunas personas en la PGJE, fue como le entregaron su unidad. Aún recuerda que cuando se entrevistó la primera ocasión con el personal del Ministerio Público le aseguraron que su unidad se encontraba en buenas condiciones y no había sido objeto de desvalijamiento, pero para su sorpresa, cuando la recibió ya no tenía la pila y le quitaron un faro con todo y cable, según relató a este Diario.
TRASLADO Y DERECHO DE PISO GENERAN ALTOS COSTOS
Sin duda, el pago de derecho de piso es el principal problema al que se enfrentan los dueños de los vehículos después de haber superado por varias semanas todos los trámites para poder recuperar su unidad.
Esto contempla cubrir el adeudo por concepto de arrastre de la unidad o servicio de grúa así como el tiempo que estuvo a resguardo en el corralón particular o del gobierno del Estado.
El primer golpe a los bolsillos de los ciudadanos es el pago del servicio de grúa, cuyo costo fluctúa de acuerdo a la empresa de que se trate, pues en el caso de “Grúas Hermanos Díaz” y “Grúas Tlaxcala” manejan costos elevados.
Aunque se solicitó conocer el costo de los servicios de las principales concesionarias de la entidad, los empleados se negaron a informar sobre los mismos, pues exigieron presentar la orden de liberación para poder brindar cualquier información.
Cabe mencionar que las primeras dos empresas son las que predominan o tienen las concesiones en la mayor parte del territorio estatal.
Es decir, que el costo mínimo de un arrastre que no haya requerido de maniobras adicionales es en promedio de siete mil pesos y con maniobras extras alcanza en promedio los 10 mil pesos.
Otro gasto oneroso es el denominado derecho de piso, pues por cada día que una unidad haya pasado en el corralón, se tiene que pagar el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se encuentra tasada para este 2023 en 103.74 pesos, es decir, si su vehículo estuvo en el corralón un mes, el pago es de tres mil 153 pesos y si se quedó un año, de 37 mil 844 pesos”.
