Redacción
México atraviesa un punto de inflexión democrático. La elección judicial 2025 marcó un precedente inédito por primera vez en la historia, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, lejos de fortalecer al Poder Judicial, el proceso expuso fallas estructurales, vacíos legales y una alarmante tendencia a someter la justicia a intereses políticos.
Ante esta realidad, en rueda de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025. Con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y observadores en el 65% del territorio, a través de la acción comprometida de los socios y ciudadanos convocados por los Centros Empresariales y otras OSCS del país, el organismo empresarial reveló hallazgos que comprometen la legitimidad del proceso y alertó sobre riesgos para la autonomía judicial. El informe, que ya fue entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), consolida evidencia técnica, jurídica y ciudadana sobre un modelo que debe corregirse de fondo.
Al presentar el informe, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló: “Este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político. Porque si bien la elección concluyó en las urnas, el verdadero desafío comienza ahora garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático, Rubén Furlong Martínez, destacó que: “Un ejercicio de observación como el que llevamos a cabo desde COPARMEX no hubiera sido posible sin el apoyo y el compromiso de los presidentes de los Centros Empresariales en todo el país. Ellos, con sus consejos, con sus socios, hicieron posible que pudiéramos recopilar y documentar todo esto” Señaló que la ausencia de legislación secundaria, sumada a criterios emitidos a destiempo, generó incertidumbre y vacíos legales que vulneraron la equidad del proceso.
Conforme apuntó Furlong, el informe documentó que la elección judicial 2025 dejó en evidencia un modelo fallido desde su diseño. El proceso estuvo marcado por control político, desinformación y ausencia de garantías institucionales. La selección de candidaturas, definida por tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia, renunció al mérito y privilegió la improvisación. La falta de legislación secundaria, sustituida por criterios emitidos de forma tardía, generó vacíos normativos e inequidad procesal. A ello se sumó la exclusión ciudadana: sin información suficiente, con boletas mal diseñadas y sin cancelación de sobrantes.
La participación fue mínima: solo el 13% del padrón acudió a las urnas, mientras que más del 16% de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial. En términos reales, casi 2 de cada 10 votos no se contabilizaron. Además, en al menos 21 distritos se registraron patrones idénticos entre “acordeones” y resultados, confirmando que la operación política influyó más que la voluntad ciudadana.
