Los dos casos que están en manos de la CEDH, se encuentran en etapa de investigación
Gerardo Santillán
Los dos casos de presumible violación a garantías individuales de ciudadanos cometidos por servidores públicos del municipio de Santa Ana Chiautempan en 2014 y 2015, atendidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se encuentran en etapa de investigación a cargo de la Sexta Visitaduría General, por lo que su resolución sigue pendiente, informó el organismo.
Se trata de la mujer atropellada por un oficial de la policía a bordo de su patrulla, cuya queja está radicada como CEDHT/6VG/16/2015, así como el de las dos personas agredidas por policías municipales a las afueras de la tienda Coppel del centro de Chiautempan, cuyo expediente es el CEDHT/6VG/28/2015.
En el primer tema, en el que la quejosa “Norma N.” señala al alcalde Antonio Mendoza Romero como autoridad responsable, el expediente continúa en la etapa de integración de pruebas y en fase de investigación, por lo que la CEDH se ha dado a la tarea de investigar si el policía que atropelló a la mujer pagó la respectiva reparación del daño cuando fue liberado.
En su momento, “Norma N.” y Mendoza Romero convinieron en que el Ayuntamiento pagaría todos los gastos, pero cuando la quejosa fue para hacer efectivo el cobro con las facturas correspondientes, el presidente municipal se negó a pagarle, indicándole que si quería que le dieran dinero tendría que demandar la reparación del daño por la vía civil, causa por la que la señora presentó la queja correspondiente.
Por el momento, la calificación de la CEDH es que se violó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de la persona, la negativa a la reparación del daño por parte del estado, así como faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de los cargos públicos.
Por lo que hace al segundo, la autoridad señalada son policías municipales de la demarcación lanera y recientemente, la Sexta Visitaduría General dio vista a la los quejosos del informe que rindió autoridad y está a la espera de que los agraviados que den contestación para continuar con el desahogo del caso; sin embargo, el organismo autónomo reconoció que los policías que intervinieron en los hechos, unos fueron cesados y otros fueron removidos de las funciones que desempeñaban, es decir, ya no tienen contacto con el público.
Al momento, la calificación de la CEDH es que hubo violación al derecho a la integridad y seguridad personal, se profirieron amenazas, intimidaciones, lesiones, se ejerció de forma indebido la función pública, el empleo arbitrario de la fuerza pública y falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de los cargos públicos, así como violaciones al derecho a la libertad.
