Redacción
Desde 2018, el Poder Legislativo trabaja para reivindicar los derechos de la clase trabajadora, para profundizar la democracia participativa y garantizar el bienestar social y económico de las y los mexicanos, afirmó la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera.
En un artículo que publicó el pasado 21 de marzo, la senadora consideró que las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador son un entramado legal y constitucional que busca restituir a nuestra Carta Magna el profundo sentido de justicia social y soberanía nacional, con que fue erigida por el Constituyente de Querétaro en 1917.
Recordó que, en este sexenio, el Congreso de la Unión ha aprobado 23 decretos de reforma constitucional, “62 artículos de la Constitución inspirados en el humanismo mexicano y en la nueva rectoría política de austeridad republicana”.
Ana Lilia Rivera dijo que en estos más de cinco años los legisladores federales aprobaron nuevos derechos sociales, reconocieron a la corrupción como un delito grave, prohibieron la condonación de impuestos, eliminaron la partida secreta, legislaron para eliminar el fuero al Presidente y fortalecieron las reglas para garantizar la democracia sindical.
También “anulamos la mal llamada reforma educativa, legislamos la paridad total y profundizamos el reconocimiento de todos los derechos de mujeres, niñas y adolescentes como nunca en la historia de México”.
Ahora, continuó, la propuesta del Ejecutivo Federal para desaparecer a los organismos públicos descentralizados llamados “autónomos” -que no rinden cuentas, resultan onerosos y han servido como coartada de la oposición y la oligarquía para conservar sus privilegios-, permitiría conformar el “fondo semilla” para que los trabajadores puedan pensionarse con el 100 por ciento de su salario. La legisladora consideró que la reforma para ampliar y establecer el principio de la austeridad republicana serviría al mismo objetivo.
Los cambios planteados a la Ley del ISSSTE, añadió, permitirían reducir los intereses moratorios, recargas y actualizaciones generados por la deuda que, tanto trabajadores como entidades federativas, municipales y dependencias de gobiernos locales tienen con este Instituto y así, con los ingresos obtenidos por ese concepto, aportarían más recursos financieros al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Ana Lilia Rivera comentó que el conjunto de reformas dirigidas a garantizar el bienestar social y económico de los trabajadores y sus familias en materias de salud, vivienda, salarios, pensiones, precios de garantía y jornales justos para campesinos, apoyos económicos para personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes que inician su vida laboral y estudiantes de todos los niveles, sintetizan las aspiraciones y exigencias por las que han luchado históricamente millones de trabajadores.
Y que reformas como la prohibición del fentanilo, cuidado animal, prohibición del maíz transgénico y del fracking, así como el derecho al agua, “son una respuesta necesaria y urgente para revertir los desastres sociales y naturales que dejaron las políticas económicas del pasado, las cuales ponían las ganancias rápidas y extraordinarias de unos cuantos por encima de la vida y el bienestar colectivo”.
