Revela diputado dictámenes de cuentas públicas de ayuntamientos del ejercicio 2022

Aún sin pasar su lectura en el Pleno del Congreso, Miguel Ángel Covarrubias informó través de su cuenta Facebook

Zhar Zuleiman

A través de su cuenta de Facebook, nuevamente el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, dio a conocer el dictamen de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, que recientemente entregó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al Congreso Local.

De acuerdo a las imágenes difundidas por el legislador, el Congreso reprobó 12 municipios por un probable daño patrimonial de 143 millones 298 mil pesos, se trata de Muñoz de Domingo Arenas (3, 246, 314.07), Xicohtzinco (4,869,128.71), San Pablo del Monte (24, 393, 715.71), La Magdalena Tlaltelulco (17,903,950.81), Yauhquemehcan (14,786,277.69), Tlaxcala capital (13,906,014.60) y Tepeyanco del 01 de enero al 30 de septiembre (13,434,493.86).

Así como Lázaro Cárdenas (12,580,266.88), Mazatecochco (11,856,173.50), Zacatelco (10, 796,563.22), Cuapiaxtla (8,038,966.60) y Tetlatlahuca (7,486,966.60).

En su calidad de legislador, Miguel Ángel Covarrubias informó sobre los estados de las cuentas públicas de los municipios en sus redes sociales, si bien los dictámenes son información pública, ni la Comisión de Finanzas y Fiscalización o la Junta de Concertación y Conciliación Política (JCCP) han fijado posicionamiento, toda vez, que ni siquisiera se ha dado lectura a los resultados en una sesión del Poder Legislativo.

En este caso no hay certeza ni claridad en lo que se analizó, porque se habla de porcentajes sobre probable daño patrimonial, omisión a procedimientos de bienes, servicios de obra pública, casos de nepotismo o situaciones fiscales indebidas.

Hasta el momento se desconoce si las y los presidentes municipales como entes fiscalizables tendrán el derecho de audiencia pública en el Congreso Local, a fin de aclarar su situación o conocer la responsabilidad administrativa.

Lo anterior demuestra que tanto el presidente de la Comisión de Finanzas, Jaciel González Herrera, y la propia presidenta de la Junta, Marcela González Castillo, desconocen el procedimiento y no tienen el control político en temas tan delicados.

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