Izcaxochitl Citlalmina Martínez Medina
El lunes pasado 27 de marzo se registró uno de los eventos más desgarradores ocurridos en nuestro país catalogado por algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos como la tragedia más lamentable en el sexenio de López Obrador.
A las 9 de la noche comenzó un incendio en el Centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez que en el momento contaba con 66 personas “internadas” por la fuerza, de las cuales 29 murieron calcinadas o asfixiadas por el humo y 27 se encuentran hospitalizadas, muchas de ellas en estado grave. Esta situación ha generado tristeza, indignación y coraje por las condiciones en las que fueron abandonadas las personas una vez que comenzó el incendio.
En la primer mañanera después de tan lamentable suceso, una sesión que duró poco más de dos horas, López Obrador solo dedico dos minutos a tratar el asunto, aprovechando para decir que el incendio fue provocado por los mismos internos, quienes no midieron las consecuencias de sus actos que derivaron en la tragedia. En ningún momento se habló de las responsabilidades de los funcionarios encargados de estas instituciones, que tenía la obligación de salvaguardar la seguridad de los seres humanos que permanecían dentro de las instalaciones.
Semejante forma de abordar el asunto, propia de una persona poco informada y con poca o nula intención o capacidad, no solo para resolver problemas sino hasta para analizarlos indignó aún más a la sociedad. Al momento en que se le cuestiona al mandatario sobre las responsabilidades de su gabinete en cuestiones migratorias, este omite dar una respuesta y delega todo a la Fiscalía General de la Republica, mientras que al mismo tiempo Adán Augusto, secretario de gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Francisco Garduño, titular del INM, tratan de librarse de responsabilidades y atacarse sin importar que tanto se hundan entre ellos con tal de no rendir cuentas.
Este problema, como todo lo que ocurre, no fue producto de la casualidad. En los últimos años, en el mundo y en México se ha venido agudizando el problema de la migración. Cada vez son más las personas que deciden abandonar sus patrias, dejar a sus conocidos, amigos o familiares con la esperanza de encontrar mejores oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida y apoyar, aunque sea a la distancia, a los seres amados que dejaron en sus países de origen. En contraparte, al mismo tiempo que aumenta la cantidad de gente que migra en busca de una mejor vida, también aumentan y se recrudecen todas las medidas que buscan impedir que las personas crucen las fronteras entre países, sin importar el costo económico o de vidas que esto signifique.
Tal es el caso de nuestro país y su vecino geográfico. López Obrador llegó a la presidencia de la republica con un discurso como cantos de sirena para los oídos de todos los mexicanos, en el que envalentonado y dando muestras de no doblegarse, clamaba que por mucho que Trump presionara, los mexicanos nunca nos haríamos responsables ni pagaríamos el muro que Estados Unidos proyectaba construir en su frontera sur. Pero como ocurre en todos sus discursos y mañaneras, sus palabras estaban completamente alejadas de lo que en los hechos ocurriría.
En la práctica convirtió al Inami en la barrera perfecta que necesitaba estados unidos, apoyando este proyecto con las fuerzas armadas de la Guardia Nacional. Al final de cuentas una barrera pagada y gestionada por el mismo pueblo mexicano. Una barrera que ha resultado tan eficaz que en los últimos dos años se han registrado números récords de detenciones de migrantes de manera consecutiva. En el 2021 fueron detenidas 228,115 personas.
En 2022 y mejorando las medidas coercitivas la cifra aumento vertiginosamente a 444,439. Estas medidas, lejos de detener el flujo de migrantes hizo que el problema se volviera más complejo.
Ahora, un paso que era relativamente seguro por el país para los migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos se ha vuelto una lucha por su supervivencia. En febrero del 2021 una caravana de migrantes que se movía por Tamaulipas fue interceptada y acribillada a tiros por un grupo policiaco sin aparente motivo alguno, dejando un saldo de 17 muertos. En diciembre del mismo año, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas dejando un saldo escalofriante de 54 muertos y más de 100 heridos. Desde que se creó la OIM en el 2014 jamás se habían registrado tantas muertes de migrantes en nuestro país como en el 2021 (651 personas).
Todos los accidentes antes mencionados son de una categoría distinta al ocurrido el lunes pasado, pues estas personas se encontraban recluidas en instalaciones dirigidas por el Estados, instancia que no ha dado la cara y trata de desviar la culpa al mero desempeño de los guardias en turno. Sin embargo, investigaciones recientes han sacado a la luz las terribles condiciones en las que son tratadas las personas en estas instalaciones y una serie de desvío y mal manejo de los recursos por parte de las autoridades responsables de estas instituciones.
Desgraciadamente nuevamente se paga con la vida y la sangre de la clase trabajadora las decisiones políticas que solo buscan defender los intereses de aquellos que cuentan con el poder político y económico. Los trabajadores del mundo y del país deben levantarse indignados, pues las cifras de defunciones de migrantes están nutridas muchas veces por el sector más humilde de su clase, personas que su terrible situación económica y social los obliga a abandonar todo lo que aman con la esperanza que encontrar una vida más digna, esperanza que les fue arrebata de manera cruel en nuestro país, donde muchas veces solo encuentran discriminación, violencia y en muchos casos la muerte misma. Una sociedad más justa para todos no nacerá sola, es necesario que la clase humilde y trabajadora luche por ella. Nadie más lo hará.
