94 comunidades rechazan Ley de Aguas y Saneamiento del Estado de Tlaxcala
Se trata de localidades que se rigen por usos y costumbres
Redacción
En el marco de la 4ta Reunión de las 94 Comunidades de Tlaxcala que se rigen por sistemas normativos comunitarios (“usos y costumbres”) que se realizó en la comunidad de Santa Cruz Tlaxcala el sábado, 12 de agosto del 2023, entre otros acuerdos, las y los presidentes asistentes prepararon un documento que se entregó el día lunes, 14 de agosto a la gobernadora, Lic. Lorena Cuellar Cisneros y a la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la Cámara de Diputadas y Diputados del Estado, la Diputada Marcela González Castillo.
La postura de las y los presidentes con respecto a las reuniones en diversas fechas de este mes de agosto que se realizaron en la Cámara de Diputados. En estas reuniones, la Diputada González Castillo les entregó, por primera vez, la Iniciativa de Ley de Aguas y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, y se enteraron por primera vez de la aparente intención de realizar del 21 al 29 de agosto la simulación de una consulta previa sobre la referida iniciativa.
Es necesario señalar que el estándar internacional dicta que para ser válida y culturalmente adecuada la consulta previa, se tendría que hacer en las asambleas generales comunitarias de las 94 comunidades, primero presentando una amplia información a través de personas expertas para que después, las asambleas tomen la decisión.
Sin embargo, la propuesta de la Diputada González Castillo, que además aparenta tener el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, planea simular el proceso de consulta previa a través de “foros regionales”.
Ofrecieron rueda de prensa esta mañana, Ignacio Rodríguez Hernández, Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla; Víctor del Razo Hernández, Santa Cruz Tlaxcala; Alfredo Balderas Piedras, San Vicente Xiloxochitla, Nativitas; y
Crispín Pluma Ahuactzi, Guadalupe Ixcotla, Chiautempan.
Con relación a la iniciativa de la Diputada González Castillo y su intención de la simulación de la consulta previa a las 94 comunidades, nosotras y nosotros, presidentas y presidentes de comunidad, manifestamos lo siguiente:
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Se rechaza la posibilidad de realizar dicha consulta previa porque no se puede consultar una propuesta que prima facie—a primera vista–, vulnera tanto los tratados internacionales como la constitución federal, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como el “parámetro de control constitucional”, es decir, las normas internacionales y nacionales que rigen el comportamiento de todas las autor, en particular, diversos artículos de la pretendida propuesta o iniciativa de ley claramente no pasarán la prueba (“test”) de revisión convencional o constitucional, porque vulneran claramente nuestros derechos humanos colectivos plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, jurisprudencia y criterios tanto de los tribunales nacionales como internacionales.
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Aunado a lo anterior, la consulta que se pretende, tal como ya se manifestó, es una simulación, pues no cumple con el estándar internacional que exige que se realice en las 94 asambleas.
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Se rechaza el uso indebido de nuestra imagen en los medios de comunicación personales por parte de la Diputada Marcela González Castillo, sin nuestro consentimiento ni autorización, dando a creer falsamente que nosotras y nosotros colaboramos con ella en la creación de la propuesta de ley. Aclaramos que acudimos a las reuniones de buena fe sin conocimiento previo de la citada iniciativa. NO hemos tenido ni tendremos participación alguna en la elaboración de la iniciativa. Es muy importante dejar eso claro, para evitar cualquier uso falso de nuestras imágenes y nombres pues no permitiremos que nos relacionen de ninguna manera con esta iniciativa que, además, rechazamos rotundamente pues eso podría generarnos problemas frente a nuestras asambleas generales, la máxima autoridad en nuestras comunidades.
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Señalamos que, en su totalidad, la propuesta es contraria a nuestros derechos humanos colectivos como las 94 comunidades Nahuas y equiparables de Tlaxcala que conservamos nuestras propias formas de
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organización. Nuestras normas y leyes comunitarias no permitirían jamás aceptar esta iniciativa, que repetimos, en su totalidad, contrapone directamente a nuestra manera de organizarnos y de vivir. En particular, desde nuestra concepción es inaceptable la propuesta, dado que, en nuestras comunidades, la misma comunidad y su estructura de gobierno son quienes organizan y administran los servicios de agua potable, y nuestras ciudadanas y ciudadanos no son simples usuarios. Forman parte de la comunidad que, con su trabajo y esfuerzo, hizo y hace posible que contemos con este servicio vital. Es decir, rechazamos la visión mercantilista del agua y la pretensión de vulnerar nuestra autonomía en este ámbito.