Redacción
En un hecho que marca un precedente en la arquitectura institucional del estado, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y el Tribunal de Disciplina Judicial, acuerdo que fortalece los mecanismos de vigilancia y combate a la corrupción en el Poder Judicial.
Durante su intervención, el titular de la UIPE, Neri Toshiro León Sauza, destacó que este convenio permitirá consolidar una economía sana y reforzar la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo aquellas vinculadas con actos de corrupción. “El servidor público está para servir y no para servirse”, dijo.
El funcionario estatal señaló que la UIPE será un coadyuvante directo del Tribunal de Disciplina Judicial, brindando análisis patrimonial y económico para identificar evoluciones patrimoniales irregulares y posibles inconsistencias en las declaraciones de los servidores públicos.
Resaltó que, además de encabezar la UIPE en Tlaxcala, preside las unidades antilavado de dinero del país, lo que permitirá ampliar la capacidad de rastreo de recursos más allá del ámbito local. “No importa dónde el servidor público vaya a invertir su dinero, nosotros vamos a poder localizarlo”, puntualizó.
Asimismo, León Sauza informó que la Unidad cuenta con tres años de operación y diversas denuncias presentadas, experiencia que permitirá fortalecer el trabajo del órgano de investigación del Tribunal mediante informes técnicos que constituyan elementos de prueba en casos de faltas administrativas graves.
En su oportunidad, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, afirmó que la firma del convenio representa “un pacto de integridad en favor del pueblo de Tlaxcala” y un cambio de paradigma en la vigilancia judicial. Señaló que la disciplina efectiva requiere herramientas técnicas, datos precisos y vigilancia constante.
Explicó que, con el respaldo de la UIPE, el Tribunal podrá solicitar informes detallados sobre la situación económica de servidores públicos sujetos a investigación, con el objetivo de actuar con evidencia y eliminar cualquier discrecionalidad en la imposición de sanciones.
La magistrada destacó que este mecanismo no solo permitirá detectar inconsistencias patrimoniales, sino también proteger a quienes actúan con rectitud, al ratificar la probidad de la mayoría de las y los integrantes del Poder Judicial.
Con esta firma, ambas instituciones envían un mensaje de coordinación y firmeza que privilegia la transparencia total, mediante una vigilancia profesional que garantice que el ejercicio del servicio público se conduzca con integridad y rendición de cuentas.
