Redacción
La Senadora Ana Lilia Rivera vicepresidenta del Senado de la República, presentó un exhorto al Congreso del Estado de Tlaxcala, para que suspenda el proceso legislativo de la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Tlaxcala, misma, que presentaron el pasado 14 de febrero y que implica una regresión en materia de garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento desde una perspectiva individual y colectiva. ¡𝐄𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨, 𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨!, expreso.
No podemos olvidar que los derechos al agua y al saneamiento son derechos humanos que cuentan con un reconocimiento autónomo en el derecho internacional de los derechos humanos. Ambos son interdependientes del derecho a un nivel de vida adecuado y son inherentes a los derechos a la salud y a la alimentación.
Además, la Agenda 2030 prevé un objetivo exclusivo para los derechos relacionados con el agua (Objetivo de Desarrollo Sostenible 6), el cual no solo se enfoca en lograr el acceso universal de los servicios de agua potable, sino que también incluye el acceso a los servicios de saneamiento e higiene, la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua, el uso eficiente del recurso hídrico, la gestión integrada, la protección y recuperación de ecosistemas relacionados con el agua, y la participación de las comunidades en la gestión del agua y el saneamiento.
Por ello, es tan importante que en Tlaxcala, se convoque a un Parlamento Abierto, a fin de analizar, no solo la iniciativa en comento, sino dar lugar a un espacio de diálogo democrático y plural en el que se analicen y discutan, de forma integral, las necesidades y áreas de oportunidad para la mejora del sistema de agua en todo el Estado de Tlaxcala, desde una perspectiva de derechos humanos y priorizando la participación de las personas integrantes de los comités comunitarios del agua en el Estado.
